La pregunta más tonta del mundo

A un año del cierre de Diario Siete

Justo hace un año, una nueva publicación hacía ingreso a la lista de medios de comunicación desaparecidos en democracia. Se trataba de Diario Siete, que tras 16 meses en circulación se retiraba definitivamente de los kioscos. Así lo explicó ese 8 de junio el presidente del directorio del diario, Genaro Arriagada, en una carta enviada a los funcionarios del periódico, la que versaba sobre los problemas económicos del matutino y los coletazos producidos por la paralización de actividades de los trabajadores. “La huelga que afectó al diario -si bien no ha sido el origen de fondo de estas dificultades- tuvo un efecto devastador sobre esos flujos (de dinero). Accionistas, actuales y potenciales, que estudiaban nuevos aportes, en una actitud que respetamos, han postergado sus decisiones y algunos han señalado que ya no se incorporarán a la iniciativa. El avisaje público y privado, que ha sido nuestra mayor dificultad y tal vez la única de real importancia, se ha hecho aún más difícil”. Debido a estas condiciones “la empresa se ha hecho económicamente inviable”, sentenció la misiva.

El diario, comandado por Mónica González y sucesor de la revista Siete+7, fue fundado el 21 de enero de 2005 como una apuesta de la sociedad continuadora de la revista en conjunto con Copesa, en la cual cada una de las partes controlaba un 50% de la propiedad para asegurar la independencia del diario. Sin embargo, ya en el primer año de circulación las cifras se tornaban poco alentadoras, especialmente por los prácticamente nulos ingresos por publicidad. Cifras reveladas en medio de la huelga, indicaban que en el primer año, el diario arrojaba pérdidas por $850 millones. A esta situación se sumó el proceso de negociación colectiva entre el sindicato de trabajadores y la empresa (Prensa Asociada). Los funcionarios demandaban mejores expectativas laborales entre las que se cuenta reajuste de sueldo según el IPC, el pago de un aguinaldo de $25 mil –ya sea para fiestas patrias o para navidad-, y el pago de la extensión de la jornada que promediaba las 12 horas en algunos casos.

La complicada situación económica de la empresa, impidió que se pudiera acceder a la petición de los trabajadores, por lo que el 8 de mayo de 2006 se votó ir a una huelga legal.

La medida de presión se aplaza, pero en señal de protesta fotografías y notas aparecerían al día siguiente sin los créditos de sus autores. Finalmente, la paralización de actividades se hace efectiva el 17 del mismo mes, día en que Diario Siete no salió a la calle.

El directorio optó por la cautela y desechó desde un principio la posibilidad de mantener el diario en los kioscos usando a reemplazantes de los huelguistas.

La medida tuvo una duración de 13 días –hasta el 29 de mayo- e incluyó varias manifestaciones callejeras. La más importante y simbólica fue la protagonizada por los dirigentes del sindicato en el discurso presidencial del 21 de mayo en el Congreso, cuando desplegaron un lienzo con la consigna “Diario Siete no puede morir”. Además, marcharon a La Moneda, realizaron presentaciones artísticas en las afueras del edificio de Miraflores 383 y enviaron misivas a los medios de comunicación para sensibilizar a la opinión pública ante el posible cierre de un medio de comunicación, con la consiguiente pérdida de pluralismo.

Ante el rumor del inminente cierre del periódico si la huelga continuaba, vuelven a sus funciones, pero el diario no vuelve a editarse. La incertidumbre llegó a su fin con la carta enviada por Arriagada.

El sindicato emitió una declaración pública en la que lamentaban que Arriagada “pretenda endosar a los empleados que buscaban legítimamente mejores condiciones laborales, el fracaso de una gestión que a todas luces demostró ser defectuosa”. Además, lanzaban sus críticas a una situación que se ha vuelto constante en los años de democracia: “el cierre de medios de comunicación escritos independientes, que no formen parte del duopolio conformado por Copesa y El Mercurio S.A.P.”, catalogándola como una gran deuda que ni siquiera ha sido encarada por los gobiernos de la Concertación.

Este último punto parece ser una constante en el mercado de la prensa escrita en Chile, puesto que desde el retorno a la democracia, una serie de publicaciones del ámbito de centro-izquierda ha desaparecido. Es así como en 1989 deja de circular la revista Cauce, en 1990 lo hace el diario Fortín Mapocho, mientras que la revista Análisis perdía su carácter denunciador tras ser adquirido por un grupo cercano a la Democracia Cristiana. Apsi entraba en serias complicaciones. Página Abierta, fundada en 1989 desaparecía en 1991 y al año siguiente Pluma y Pincel. Análisis cayó definitivamente el ’94, Apsi el ’95, el diario La Época desapareció en 1997 y en 1998 lo hizo la revista Hoy. Las únicas revistas que permanecieron del ámbito político extraparlamentario fueron El Siglo y Punto Final. (Otano Otano, Rafael. “Seis revistas, dos diarios y ningún funeral”)

Esto a traído como inevitable consecuencia que quedemos bajo el dominio informativo del los conglomerados que conforman un duopolio: El Mercurio y Copesa. El problema está en que ambos constituyen un monopolio ideológico- el cual sin afán de calificarlo de ninguna forma- no contribuye al pluralismo informativo tan necesario en democracia.

Otro elemento que se suma a la explicación de los cierres de estas publicaciones corresponde a la política de la no política comunicacional impuesta a comienzos de los ’90. Esta se basa en un escenario de laissez-faire mediático, en el que se entrega a las leyes de mercado el funcionamiento de la prensa. “Nosotros deseamos el mayor pluralismo de los medios de comunicación, pero éste no lo obtendremos con mayor intervención del Estado, sino con más medios privados que expresen todo el arco ideológico, cultural y regional de Chile (…) Para ser viables, los medios privados están obligados a conseguir sus recursos de la publicidad –que es mayoritariamente privada- y ésta a su vez depende del público al que ellos lleguen (…) Los medios que no comprendan esos condicionantes propios de una sociedad democrática y de una economía de mercado y sigan orientándose según los criterios ideológicos del Chile altamente politizado del pasado, tienen pocas posibilidades de subsistir”, señaló a Revista Hoy en aquel entonces, Eugenio Tironi, miembro del equipo comunicacional de Aylwin.

Pero no sólo causas externas a estas empresas periodísticas explican su desaparición, puesto que más bien se debe hurgar al interior de las mismas para comprender sus desenlaces. Al respecto. Luis Ajenjo postuló que en muchos de estos proyectos fallidos impulsados por opositores al régimen militar y que mantuvieron medios en democracia, existió “más la necesidad de comunicar nosotros, que la necesidad de comunicar a alguien y me parece que ahí hemos partido no de la necesidad de nuestros públicos objetivos, sino que de nuestra necesidad y eso, ni con todo el dinero puede ser un medio exitoso”. Lo que quiere decir que no han primado criterios empresariales que aseguren un modelo de negocios rentable que establezca un producto (diario) atractivo tanto para anunciantes como para los lectores.

Es que mientras el Estado no juegue un rol activo -ni siquiera protagónico- en cuanto a resguardar el pluralismo informativo, esta situación no va a cambiar, y muchos temas que merecen ser debatidos y sacados a la luz, seguiran bajo siete llaves. Un buen intento por remediar esta realidad es la comisión investigadora de la Cámara de Diputados para investigar el avisaje estatal. Los resultados debieron haber sido publicados en febrero, pero hasta la fecha no se han dado a conocer las medidas establecidas por la comisión y el problema sigue igual que antes.